Historia
La atención de la infancia y la adolescencia comenzó a institucionalizarse en Uruguay a principios del Siglo XX. A partir de entonces, niños, niñas y adolescentes comenzaron a ser considerados como seres en formación y desarrollo.
En 1934, tras la aprobación del Código del Niño (ONU), es creado el Consejo del Niño, entidad dirigente de todo lo relativo a la vida y el bienestar de los menores de edad en el país. Con la promulgación del Código, los niños, niñas y adolescentes son considerados como sujetos plenos de derechos.
En Uruguay, el Consejo del Niño adopta un importante enfoque médico y jurídico, organizado por edades y en diferentes Divisiones Técnicas: “Pre-Natal” (protección del niño antes de su nacimiento), “Primera Infancia” (0-3 años), “Segunda Infancia” (4-12 años) y “Adolescencia y Trabajo” (13- 21 años). También dispone de otros servicios, como la División Jurídica, la División Educación y la División Servicio Social.
En el año 1989, en medio de un contexto mundial de debate sobre la Convención de los Derechos del Niño, es creado el Instituto Nacional del Menor (INAME), sustituyendo al antiguo Consejo del Niño.
La atención comienza a centrarse en las problemáticas, además de las franjas etarias, estableciendo distintos objetivos: la asistencia y la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social; la articulación interinstitucional para la protección de los menores con discapacidad; el trabajo en conjunto con familias y educadores; la fiscalización del trabajo infantil y adolescente y la rehabilitación y educación de menores infractores.
Con la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia en el año 2005, cambia la concepción jurídica con respecto a la infancia y el INAME pasa a denominarse Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). La Institución, de acuerdo a la Ley 17.866, está vinculada al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
Desde ese entonces, la misión de INAU -que cumple esta década más de 80 años de existencia- es promover, proteger y/o restituir los Derechos de niños, niñas y adolescentes, y garantizar el ejercicio efectivo de su ciudadanía a través de distintas instancias de participación.
A su vez, los nuevos modelos de atención están diseñados para promover la diversificación de propuestas, la descentralización y la articulación interinstitucional. En la actualidad, la Institución ofrece cobertura para más de 120.000 niños a nivel país.
